Las propuestas, algunas polémicas, deben ser aprobadas, rechazadas o modificadas antes de ser finales
La Convención Constitucional de Chile inició formalmente el martes el debate sobre el contenido de la nueva carta magna, con algunos temas que han generado controversia en las últimas semanas.
La creación de un Congreso unicameral, la nacionalización de empresas mineras, la suspensión de los derechos de agua y de títulos empresariales sobre territorios indígenas son algunas de las polémicas propuestas que deberán discutir y buscar consenso en más de 20 plenos del organismo.
La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, dijo el lunes a corresponsales extranjeros que temas propuestos en una etapa “muy preliminar” se han informado erróneamente como verdades y propuestas definitivas del nuevo texto.
“Esa desinformación claramente repercute en el trabajo que estamos haciendo y puede contribuir a la pérdida de la confianza de las personas en el proceso”, argumentó.
¿Cómo avanzará el trabajo de la Convención en adelante?
Los temas refrendados en las comisiones tendrán que ser debatidos y el resultado final o sus modificaciones tienen que ser aprobados por los dos tercios de los integrantes, equivalente 103 votos.
“En este período vamos a ver lo que de verdad va a quedar en la propuesta de Constitución (…). Finalmente llegamos a los hechos reales, a las propuestas de normas que van a quedar”, agregó.
Los trabajos del martes comenzaron por el debate y votación de las propuestas presentadas por la Comisión de Sistemas de Justicia, que tienen que ver con el pluralismo jurídico; la independencia jurisdiccional; el derecho de acceso a la justicia; la paridad y perspectiva de género, y los mecanismos colaborativos de resolución de conflictos, entre otros, indicó la Convención en sus redes.
Las propuestas de artículos que sean aprobadas inicialmente por el pleno pueden ser sometidas a indicaciones o ajustes para su posterior voto definitivo.
El texto final tendrá que ser aprobado o rechazado en un plebiscito obligatorio, que debe llevarse a cabo en el segundo semestre de este año. En medio de las polémicas suscitadas, la más reciente encuesta privada Cadem mostró que la intención de votar “apruebo” a la nueva carta magna bajó del 56% al 47%.
Según el acuerdo que le dio origen, la Convención tiene un plazo máximo de un año, hasta inicios de julio, para proponer el nuevo texto. El plebiscito de salida sería en septiembre.
FORBES STAFF / REUTERS