Diputados aprobaron acusación constitucional contra Sebastián Piñera, quien podría ser destituido en el Senado
El presidente chileno Sebastián Piñera fue acusado formalmente este martes por haber infringido la Constitución y debe someterse ahora a juicio político en el Senado, que podría destituirlo por un caso derivado de la venta de un proyecto minero suyo y de su familia revelado en los Pandora Papers.
Piñera no podrá salir del país sin permiso del Parlamento hasta su juicio, aunque podrá seguir ejerciendo sus funciones.
La acusación fue confirmada por 78 votos a favor y 67 votos en contra poco antes de las 8:00 locales, tras una maratoniana sesión en la cual un diputado opositor, Jaime Naranjo, del Partido Socialista, habló sin parar durante más de 14 horas esperando a que se incorporara al proceso el diputado Giorgio Jackson, decisivo en la votación para acusar a Piñera.
Los diputados solo podían votar por la acusación de manera presencial y Jackson estaba cumpliendo una cuarentena por COVID-19 por haber sido contacto estrecho del diputado y candidato presidencial Gabriel Boric (quien dio positivo en la enfermedad la semana pasada), y quedó libre del aislamiento en la medianoche del lunes a martes.
“Este es un momento histórico que estamos viviendo”, dijo tras la votación el diputado Naranjo.
“La responsabilidad pasa ahora al Senado”, agregó el diputado opositor Marcelo Díaz. “Sebastian Piñera ha sido acusado por la Cámara de Diputados por infringir gravemente la Constitución … y ha afectado gravemente la imagen internacional de Chile y corresponde ahora restaurarla aprobando esta acusación constitucional en el Senado”.
La acusación constitucional (juicio político) contra Piñera fue impulsada por irregularidades en la venta de la participación de su familia en un polémico proyecto minero, que fueron reveladas en los Pandora Papers el pasado mes de octubre.
Según el reportaje publicado en Chile por los medios Ciper y LaBot, en 2010 la familia Piñera —uno de los clanes más ricos de Chile y del continente, según Forbes— vendió su participación mayoritaria en el proyecto minera Dominga a un amigo del entonces Presidente, el empresario Carlos Alberto Délano —condenado por delitos tributarios en 2018— por US$ 14 millones y en Chile y por US$ 138 millones adicionales en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.
En el contrato se establecía que el pago de una tercera cuota por la compra estaba condicionado a que el lugar en donde se instalaría la minera no fuese declarado como zona de exclusión, parque o reserva nacional —lo cual hubiese impedido el desarrollo del proyecto—, decisión que quedaba en manos del presidente Piñera, quien había asumido la presidencia por primera vez ese mismo año.
El proyecto minero busca instalarse en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo (norte), en una zona de gran riqueza natural que alberga al 80% de la población mundial de Pingüinos de Humboldt.
El lugar nunca fue declarado zona de exclusión y la minera quedó estancada en pleitos judiciales hasta que la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto en agosto pasado.
El único funcionario que votó en contra del proyecto en la Comisión, el delegado presidencial regional de Coquimbo, Pablo Herman, fue posteriormente removido de su cargo por Piñera.
Tras la revelación de los Pandora Papers, diputados de oposición presentaron la acusación en contra de Piñera por haber “infringido abiertamente la Constitución en relación al principio de probidad” y por “comprometer gravemente el honor de la nación”‘.
Piñera, quien presentó su defensa por escrito hace 10 días, sostuvo en sendas comparecencias públicas que se había desvinculado de sus negocios a través de fideicomisos ciegos en 2009 y que lo revelado en los Pandora Papers ya fue investigado y sobreseído en 2017.
Para el ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, con la acusación constitucional, la oposición política a Piñera “lo único que busca es destruir a un Gobierno, aun cuando eso signifique destruir la democracia”.
“Lo de estos dias es un show. Esperamos naturalmente que en el Senado impere la sensatez, pero si usted me pregunta qué sentimos, mucho pesar con esta herida que se le ha hecho al país”, agregó Ossa tras la sesión de la Cámara.
El abogado de Piñera, Jorge Gálvez, quien habló durante más de seis horas en la sesión, agregó que “con lo que hemos vivido hoy y la manera en la cual fue preparada la acusación, improvisada para efectos de situar su discusión a pocos días de una elección, cómo no entender que la política es una actividad que tiene mala fama”.
La acusación pasa ahora al Senado, que debe servir como Jurado y tiene un máximo de seis días para fijar una fecha para aprobar o rechazar la acusación.
El Senado debe admitir la acusación con al menos 2/3 de los votos, lo que representa 29 votos favorables de los 43 escaños que hay y de los que la oposición controla 24.
En caso de ser declarado culpable, Piñera quedará destituido de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, en los próximos cinco años.
Se trata del segundo intento de destituir a Piñera, tras la tentativa de noviembre de 2019 por presuntas violaciones a los derechos humanos en medio de las masivas protestas contra la desigualdad, las más graves desde el fin de la dictadura.
Desde el retorno a la democracia en 1990, ningún presidente ha sido destituido del cargo.
FORBES STAFF / AGENCIAS