En paralelo la Justicia lo investiga por presunto cohecho, soborno, delitos tributarios y negociación incompatible
Diputados opositores al gobierno de Sebastián Piñera presentaron este miércoles una acusación constitucional en contra del presidente, por los hechos que se investigan en relación con las irregularidades en la venta de la minera Dominga, revelados en los denominados Pandora Papers.
“Las causales de esta acusación constitucional son dos: una, porque el presidente ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio de probidad, y en segundo lugar, por comprometer gravemente el honor de la nación“, dijo el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, encargado de realizar el anuncio.
La presentación del documento fue firmado por representantes de todos los partidos de la oposición, desde la izquierda hasta el centro. En caso de aprobarse, podría derivar en la destitución de Piñera como Presidente de la República, a cinco meses del término de su mandato.
Para que ello ocurra se necesitan 78 de los 155 votos en la Cámara de Diputados —donde la oposición tiene mayoría— y luego pasará al Senado, donde requerirá un quórum mayor de dos tercios.
Ahora el texto de la acusación será revisado por una comisión sorteada para tales efectos, que estará conformada por tres diputados de la oposición y dos del oficialismo. Luego pasará a la Sala de la Cámara, donde se votará la cuestión previa —evaluación de la admisibilidad de la iniciativa—, lo que ocurriría entre el 5 y el 8 de noviembre.
Mientras este proceso se desarrolla, Sebastián Piñera quedará con arraigo nacional.
Investigaciones judiciales complican al presidente Piñera
La acusación constitucional llega a solo cinco días de que la Fiscalía anunciara una investigación en contra de Piñera por presunto cohecho, soborno y delitos tributarios, además de una querella penal que en paralelo será revisada por un tribunal de garantía, por el delito de negociación incompatible.
Las indagatorias tienen relación con la información dada a conocer en un reportaje de los medios Ciper y LaBot —en base a las filtraciones de los Pandora Papers—, sobre las condiciones en las cuales se llevó a cabo la venta la venta de la minera Dominga por parte de la familia del presidente Piñera a su socio y amigo Carlos Alberto Délano, quien fue condenado por delitos tributarios en 2018.
Según la investigación periodística, una parte de la transacción fue firmada en Chile, por US$ 14 millones, y otra en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas por 10 veces esa cantidad: US$ 138 millones.
En el contrato se establecía que el pago de la tercera cuota estaba condicionado a que el lugar donde se instalaría la minera no fuese declarado como zona de exclusión, parque o reserva nacional —lo cual hubiese impedido el desarrollo del proyecto—, decisión que quedaba en manos del presidente Piñera.
Hace solo dos meses el gobierno aprobó el polémico proyecto minero, que busca instalarse a pocos kilómetros del lugar que alberga al 80% de la población mundial de Pingüinos de Humboldt, una especie en peligro de extinción.