Pandora Papers: piden información tributaria sobre familia Piñera y oposición quiere juicio político

El Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile anunció este martes que recoge información para determinar si se violaron leyes tributarias en el país por transacciones descritas en los Pandora Papers que involucran a la familia del presidente Sebastián Piñera, mientras diputados opositores manifestaron que pedirán un juicio político contra el mandatario.

Los Pandora Papers son una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre más de 11 millones de documentos filtrados que dan cuenta de los secretos financieros de 35 líderes y ex líderes nacionales, y más de 330 políticos y funcionarios públicos de 91 países y territorios.

En Chile, los medios locales CIPER y LaBot hallaron, con base en los documentos filtrados, que la familia de Piñera vendió en 2010 el polémico proyecto minero Dominga por US$ 152 millones en una transacción cerrada en un paraíso fiscal y que una de las condiciones para la compra fue que el gobierno del mandatario no declarara en el lugar del proyecto una zona de protección ambiental.

Terremoto político

La minera Dominga es un proyecto polémico de extracción de hierro que desde hace más de una década ha dividido a la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo (norte), porque busca instalarse en una zona ecológicamente sensible que alberga el 80% de la población mundial de Pingüinos de Humboldt.

Las revelaciones de los Pandora Papers provocaron obligaron a Piñera a dar explicaciones al país el mismo lunes, cuando reclamó que antes de asumir la presidencia en marzo de 2014 se desligó de toda administración y gestión de las empresas de su familia.

“A partir de esa fecha no tuve ningún conocimiento ni información de las decisiones de inversión de estas empresas“, reclamó el Presidente.

Agregó que el producto de la venta de Dominga en el exterior fue enviado a Chile y que “se cumplió con las reglas tributarias existentes y no tuvo ningún efecto en los impuestos a pagar por esa operación”.

Una segunda entrega de los Pandora Papers el lunes informó de que los activos que manejan los cuatro hijos de Piñera las BVI provienen de donaciones del Presidente y de ganancias producto de la venta de sus acciones en Lan Airlines, Chilevisión, Entel y Antarchile, lo que abre la pregunta sobre si se pagaron los impuestos por el traspaso de ese dinero.

Autoridades tributarias buscan información

Ante las revelaciones, la SII anunció este martes que está recolectando información para “determinar si existe algún tipo de incumplimiento o vulneración” a las leyes y reglamentos tributarios locales derivado de transacciones descritas en los Pandora Papers que involucran a los Piñera-Morel.

El SII indicó que trabaja junto con la red de administraciones tributarias que integran el Grupo de Trabajo Internacional Conjunto sobre Inteligencia Compartida y Colaboración (JITSIC) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para “analizar las acciones locales y/o globales que pudieran derivarse de los antecedentes vinculados de los denominados Pandora Papers, como ya se hizo con anterioridad en las divulgaciones conocidas como Panama Papers, Paradise Papers y Bahama Dataleaks”.

“Chile ha impulsado con fuerza en los últimos años el trabajo colaborativo internacional para mejorar la fiscalización de la evasión y elusión tributaria, participando en instancias para promover acciones destinadas a combatir la erosión de las bases imponibles y el traslado de los beneficios de las empresas a jurisdicciones de baja o nula tributación”, explicó la entidad gubernamental.

Paralelamente, diputados de las bancadas opositoras acordaron este martes presentar una acusación constitucional (juicio político) contra Piñera la próxima semana por el escándalo.

Oposición impulsa juicio político

“Nuestro ánimo y espíritu es que este libelo acusatorio sea presentado la próxima semana, y haremos todos los esfuerzos para que eso ocurra efectivamente”, declaró el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, desde el Congreso.

Por su parte, el parlamentario de la Democracia Cristiana Gabriel Ascencio afirmó que su partido también está disponible para apoyar el documento acusatorio.

“Mi apuesta es que vamos a tener todos los votos de la bancada de los diputados de la Democracia Cristiana (…) La mayoría de los diputados optó por si tenemos una acusación constitucional, nosotros estamos disponibles”, aseguró Ascencio.

La acusación constitucional puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado y para que prospere se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.

De aprobarse, sería el segundo intento de juzgar políticamente a Piñera, tras el fallido conato de noviembre de 2019 por violaciones de derechos humanos en medio del estallido social .

Por otro lado, el Fiscal Nacional, Jorge Abott, instruyó a la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público indagar la existencia de posibles delitos tributarios vinculados al tráfico de influencias o negociación incompatible.

FORBES STAFF / AGENCIAS