El Presidente asegura que "no hay fundamento" para una acusación constitucional en su contra
Continúan las repercusiones tras la filtración de los denominados Pandora Papers, donde se indica que la familia del presidente Sebastián Piñera vendió una parte del polémico proyecto minero Dominga a su socio Carlos Alberto Délano, en una transacción cerrada en un paraíso fiscal y con el requisito de asegurar su viabilidad.
“Antes de asumir mi primera presidencia me desligué absolutamente de la administración y gestión de las empresas familiares“, fueron las primeras palabras de Piñera sobre el tema, agregando que “constituí fideicomisos ciegos para la administración de todos los activos financieros. A partir de esa fecha no tuve ningún conocimiento ni información de las decisiones de inversión de estas empresas“.
“La decisión de la administración (de los fideicomisos) de vender Minera Dominga el año 2010, lo cual no me fue consultado ni informado, fue precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de interés”, dijo Piñera.
“Estos hechos eran públicamente conocidos”
En su vocería, llevada a cabo en La Moneda y con preguntas restringidas para la prensa, el presidente hizo hincapié en que los hechos relacionados con la venta de Minera Dominga no son nuevos y fueron “públicamente conocidos por los medios de comunicación el año 2017”, haciendo referencia a un reportaje emitido por Radio BíoBío en febrero de ese año.
Además, señaló que ese mismo año la Fiscalía realizó una investigación sobre este tema, la cual concluyó con una resolución judicial que descartó la existencia de eventuales delitos.
“Al concluir esa investigación la Fiscalía recomendó terminar con la causa, porque la venta se ajustaba plenamente a derecho, por la inexistencia de cualquier delito y por haberse declarado judicialmente la inocencia de este presidente“, expresó Sebastián Piñera.
“El tribunal de primera instancia decretó el sobreseimiento total y definitivo de la causa y además esa decisión fue confirmada en forma unánime, tanto por la Corte de Apelaciones como por la Corte Suprema de Justicia de nuestro país”, agregó.
Venta de Dominga en un paraíso fiscal
Según reportajes de los medios electrónicos CIPER y LaBot —en base a las filtraciones de los Pandora Papers—, la compraventa de Minera Dominga se llevó a cabo mediante un acta notarial firmada en Chile por US$ 14 millones y otra en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas por 10 veces esa cantidad: US$ 138 millones.
Sobre ese parte de la venta en particular, el presidente aseguró que “el producto de la venta de Minera Dominga en el exterior fue íntegra e inmediatamente remesado a su empresa madre dueña en Chile”, afirmando que “se cumplió con las reglas tributarias existentes y no tuvo ningún efecto en los impuestos a pagar por esa operación”.
“Probablemente el consorcio internacional que publicó la noticia no sabía que esa información no era nueva, que había sido de público conocimiento”, dijo Piñera acerca de la filtración de estos antecedentes.
Según el presidente, este caso está siendo utilizado políticamente. “La política chilena está viviendo hoy un clima de mucha descalificación y de poco respeto por la verdad, sin embargo, me parece absolutamente inaceptable que se utilicé una información ya conocida por la opinión pública“, afirmó.
La polémica clausula de la tercera cuota
Según la investigación de CIPER y LaBot, en el contrato se establecía que el pago de la tercera cuota estaba condicionado a que el lugar donde se llevaría a cabo el proyecto no fuese declarado como zona de exclusión, parque o reserva nacional —lo cual hubiese impedido su desarrollo—, decisión que quedaba en manos del Poder Ejecutivo.
Dicha información ya había sido parte del reportaje publicado por Radio BíoBío, sin embargo, no se conocían los detalles de la clausula, los cuales fueron parte de los documentos filtrados.
Consultado al respecto, Piñera aseguró que “la estructura de la venta y la clausula de pago sí fueron conocidas por los medios de comunicación y sí fueron conocidas e investigadas por la Fiscalía, que decretó no persistir con la investigación porque estaba todo de acuerdo a la ley”.
En ese sentido, el jefe de Estado niega que se trate de un nuevo antecedente. “No es cierto que haya una información nueva. Esa información está contenida en el proceso y además fue conocida por la prensa”.
Sobre un eventual conflicto de interés, Piñera aseguró que “jamás he dejado de privilegiar el interés público, el bien común, por sobre cualquier otro interés”, agregando que “el hecho de ser Presidente me ha generado perjuicios en lo personal, y no beneficios“.
Posible acusación constitucional
Una de las repercusiones políticas derivadas de esta investigación ha sido la posibilidad de presentar una acusación constitucional en contra del Presidente Piñera. La idea toma fuerza en la oposición, desde donde han calificado los hechos como “gravísimos” y denuncian un “claro conflicto de interés”.
“No tiene absolutamente ningún fundamento. Que se haga una acusación constitucional por hechos que fueron conocidos e investigados por la Fiscalía y en que los máximos tribunales de justicia de nuestro país se pronunciaron de forma unánime, no puede ser base de una acusación constitucional”, dijo en su defensa el mandatario.
“Yo entiendo que estamos en periodo electoral, pero quienes estamos ejerciendo cargos públicos tenemos que actuar siempre con responsabilidad y con respeto a la verdad“, concluyó.