Fondos que pagan abogados, peritos y costas a cambio de una parte de lo que se gane —y que asumen la pérdida si el resultado es desfavorable— ganan terreno en chile. loopa finance y hakamana explican cómo funciona un negocio que convierte las demandas millonarias en un activo de inversión.

Más de 1.200 vecinos de Quintero y Puchuncaví decidieron demandar a AES Andes por los daños que atribuyen a la contaminación del complejo termoeléctrico Ventanas. Necesitaban abogados, peritos e informes científicos, y el dinero para pagarlos no salió de sus bolsillos: lo puso un fondo que solo recuperará su inversión si ganan.

Algo similar pasó en el complejo habitacional Villa Panamericana de Cerrillos —17 edificios y 1.355 departamentos—, construido para alojar en 2023 a los atletas de los Juegos Panamericanos y luego destinado a familias con subsidio habitacional. A los pocos meses, residentes del lote B reportaron filtraciones, fisuras y fallas eléctricas, sanitarias y de ascensores. En mayo de 2026, 310 propietarios demandaron ante el 10° Juzgado Civil de Santiago por más de 18 millones de dólares a la Inmobiliaria Parque Cerrillos, como primer vendedor; la Constructora DLP, y siete sociedades inversionistas de la inmobiliaria.

Leer también: Nicole Nehme, abogada: “Seguimos siendo el país latinoamericano que tiene la peor tasa de mujeres socias”

Que el dinero no sea un obstáculo para llegar a tribunales suele ser más un anhelo que una realidad. Pero desde hace algunos años opera en Chile y Latinoamérica un modelo que hizo de esa barrera su oportunidad: el financiamiento de litigios, conocido como litigation finance o third-party funding. Un tercero cubre los costos de un juicio o arbitraje a cambio de un porcentaje del resultado, solo si el caso tiene éxito. ¿Y si se pierde? El cliente no devuelve lo gastado.

“No es un préstamo de dinero, no se está generando una deuda (…). Si es que el cliente pierde el caso, no nos debe un solo peso y la pérdida es asumida por nosotros”, explica Roberto Gassmann, abogado e investment manager de Loopa Finance, el fondo que financia la demanda de Quintero.

Para empresas, personas y estudios jurídicos, la promesa es avanzar con una reclamación sin asumir los gastos ni el riesgo financiero del proceso. Para quienes ponen el capital, es una inversión cuyo retorno depende de lo que resuelva un juez o un tribunal arbitral.

¿Cómo funciona?

Loopa, fundada en 2020, cubre abogados, tribunal y peritos, y cobra entre el 20% y el 40% de la eventual sentencia, sin interferir en la estrategia jurídica. Se presenta como uno de los primeros actores del modelo en América Latina. El requisito básico es que exista una controversia, y no tiene que ser “el caso más grande, ni el caso más sofisticado jurídicamente”, aclara Gassmann.

“Nos gusta, obviamente, tener un buen caso con posibilidades reales de recuperación. El único requisito esencial es que sea un caso patrimonial, es decir, que se esté demandando por un daño cuantificable en dinero”.

El umbral de Loopa es que lo demandado —no lo que se pide como financiamiento— alcance un millón de dólares. Los fondos más consolidados de Estados Unidos e Inglaterra, con más de 30 años en el mercado, exigen entre 50 y 80 millones, según Gassmann.

Entre sus inversores se cuentan los fondos Harvard Innovation lab, The Legaltech Fund y Preface Ventures.

Pioneros locales

Hakamana nació en 2019, cuando el modelo era poco conocido en Chile, aunque ya tenía trayectoria en Australia, Estados Unidos y Europa. “Fuimos pioneros en desarrollar este modelo en el país y, desde Chile, hemos ido extendiendo nuestro trabajo hacia Latinoamérica”, dice Carolina Plaza, su directora ejecutiva. La firma ha sido reconocida por rankings como Chambers & Partners y Leaders League, y Plaza ha sido distinguida entre los profesionales destacados de esta industria en la región.

Hoy opera tres líneas de negocio: financiamiento directo, intermediación con fondos e inversionistas de Estados Unidos y Europa, y análisis de riesgo legal y financiero. Esta última responde a una pregunta previa: “Muchas veces, antes de buscar financiamiento, la empresa necesita resolver algo más básico: si le conviene demandar, continuar un juicio o llegar a un acuerdo”.

¿De dónde sale el dinero?

En febrero, Loopa cerró su tercer fondo, de unos 70 millones de dólares, con capital de inversionistas institucionales y family offices. Sumando los 38 millones de sus dos fondos anteriores, la firma superaría los 100 millones levantados desde su fundación. Esa es, según Gassmann, su diferencia frente a quienes operan como brokers entre quien tiene el dinero y quien tiene el caso: “Nosotros contamos con este capital que está disponible para invertir y no solo eso, tenemos que invertirlo”.

Su foco de expansión: Europa continental y Latinoamérica. El mercado, dice, no para de crecer, impulsado en parte por el costo de litigar, sobre todo en Estados Unidos. “A veces uno tiene un arbitraje internacional contra un Estado (…) y solo en honorarios de abogados tiene que gastarse 25 o 30 millones de dólares, independiente de que tenga muy buen caso”. Por eso, agrega, cada vez más multinacionales optan por este sistema. En Inglaterra, donde vive, varios de estos fondos cotizan en el London Stock Exchange y “manejan billions”.

¿Cuánto cobran y qué casos eligen?

El tamaño importa, pero no basta. “Nos enfocamos en litigios y arbitrajes de contenido económico”, dice Plaza, quien enumera lo que analizan: cuánto podría recuperarse, cuánto costará el caso, cuánto tiempo tomará, la prueba disponible y la capacidad de pago de la contraparte. “Porque una cosa es obtener una sentencia favorable y otra es lograr cobrarla”.

El retorno se estructura como un múltiplo del capital invertido o como un porcentaje de lo recuperado, que en la industria suele ir del 20% al 40%. “No hay una fórmula única para todos los casos”, dice Plaza: las condiciones dependen del monto, la complejidad, el riesgo, la duración y las posibilidades reales de cobro.

Como el fondo pierde todo si el caso fracasa, el filtro es exigente. “Debo admitir que el due diligence que se hace es bastante exhaustivo”, reconoce Gassmann. Además de su equipo legal, Loopa pide a abogados de otras jurisdicciones que validen su evaluación.

¿Cuántos casos ganan? No da cifras, porque la mayoría son confidenciales. Pero sostiene que el respaldo de un fondo pesa ante el juez o el tribunal arbitral: “Alguien está poniendo su capital detrás de esta demanda, eso quiere decir que la demanda es buena”.

Más que acceso a la justicia

El beneficio evidente es que alguien con un buen caso y sin recursos pueda llevarlo adelante. Pero hay otros. Empresas solventes prefieren no destinar caja al juicio y reservarla para el core de su negocio: dejan de asumir gastos legales y mantienen el litigio “como un activo potencial sin seguir acumulando gastos en abogados”, explica Gassmann.

Para los estudios de abogados, la ventaja es la liquidez. “Yo ejercí muchos años en Chile y en Inglaterra”, recuerda Gassmann, y con este modelo los abogados se despreocupan de cuotas y atrasos porque “reciben el pago up front”. Loopa incluso adelanta el success fee —el 5% o 10% de lo obtenido que muchos abogados en Chile cobran al final del juicio— para que el estudio pueda tomar otros casos.

Ambas firmas dicen respetar la conducción del cliente, con distinto grado de cercanía. Hakamana se involucra a fondo en la evaluación y luego hace seguimiento del proceso y de los hechos que puedan afectar su inversión. “La conducción jurídica queda en manos del cliente y sus abogados. Aportamos una mirada adicional (…), respetando la autonomía del cliente para decidir, por ejemplo, si acepta un acuerdo”, dice Plaza.

Loopa busca involucrarse lo menos posible. “Nosotros no nos metemos en la estrategia en lo más mínimo. Lo único que sí pedimos es que nos vayan informando”, dice Gassmann. Para eso se firma un acuerdo de confidencialidad, clave en los arbitrajes. Esa distancia, sostiene, lo diferencia de fondos institucionales de Estados Unidos e Inglaterra “que sí tienen un derecho a voz y a voto en las decisiones del caso”.

¿Y los riesgos?

Gassmann admite que el cliente “eventualmente podría recuperar un poco menos” que litigando por su cuenta, “pero al mismo tiempo sin un financiamiento no podrían llevar adelante el caso”. Para él, es “un círculo cerrado de ganancias”.

Plaza ve con buenos ojos la llegada de más competidores, porque ayuda a que las empresas conozcan la herramienta y comparen alternativas. Para Gassmann, el desafío sigue siendo el desconocimiento: “¿Cuántos casos han quedado en el cajón por desconocimiento? Ese es el vacío que queremos llenar”. Y remata: “Nosotros nunca vamos a hipotecar un bien, no pedimos colaterales”.

La advertencia de un ex fiscal nacional

El abogado y ex Fiscal Nacional Sabas Chahuan valora el sentido social del modelo, sobre todo en litigios de largo aliento, donde la parte con menos recursos puede verse forzada a “llegar a arreglos que no le convendrían, solo porque no pueden sostener el litigio”. “Estos servicios podrían nivelar la cancha cuando hay grandes consorcios o grandes empresas frente a una persona natural o una persona jurídica más pequeña, en la medida que se resguarde la ética y que las cláusulas de los contratos (…) no sean leoninos”, subraya.

En Chile, el financiamiento de litigios no tiene una regulación específica, pero opera legalmente bajo las normas generales del derecho: el principio de autonomía de la voluntad y, a nivel contractual, la figura de la cesión de derechos litigiosos del Código Civil. En arbitraje, los centros de resolución de disputas han incorporado en sus códigos de ética directrices para transparentar la identidad de los financistas y evitar conflictos de interés con los árbitros.

Chahuan advierte que la compra de derechos litigiosos no es exactamente lo mismo, y que el riesgo son eventuales “buitres”: abogados que podrían infringir la ética sin sanción si no están colegiados. Le inquieta el financiamiento directo a estudios jurídicos, y pide contratos claros para “que el abogado no tenga la tentación de ‘vender a clientes’, es decir, asegurar el honorario y después le importa poco el caso”. Suma la necesidad de transparentar el origen de los fondos, lo que ayuda a desincentivar, por ejemplo, el lavado de activos.

¿Por qué no se ha regulado? A su juicio, porque los fondos “no han cometido ningún abuso, está funcionando bien”, y porque el modelo aún no está tan extendido.