Chile tiene una capacidad de 1.005 MW, según OLADE, mientras que México y Brasil cuentan con 192 y 175,25 MW, respectivamente.

El almacenamiento de energía juega un importante papel en la seguridad energética de los países, asegurando un suministro confiable de las redes. Según la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), de hecho, es una herramienta estratégica para garantizar la estabilidad de la red y optimizar la infraestructura existente. “Técnicamente, el almacenamiento de energía aporta beneficios significativos, incluyendo la estabilización de la red eléctrica al reducir peaks de demanda, la optimización de la infraestructura al retrasar la necesidad de nuevas inversiones en generación o transmisión, y el fortalecimiento de la seguridad energética al actuar como un respaldo vital en casos de emergencia o cortes de suministro”, comentó la organización en una nota técnica.

Según OLADE, hasta junio de este año, América Latina contaba con una capacidad instalada de almacenamiento de 2,5 GW, sumando proyectos operativos de diferente tipo, y Chile tenía una capacidad de 1.005 MW, lo que lo convierte en el líder en la región.

A nivel local, entre los proyectos de almacenamiento de energía que se han llevado a cabo recientemente, el organismo resalta el proyecto “Oasis de Atacama” de Grenergy, en el desierto de Atacama, con 1,24 GWh de capacidad prevista para fines de 2024 y una capacidad de almacenamiento total prevista de 11 GWh utilizando baterías de ion-litio; y el proyecto de hibridación BESS PFV Capricornio, que inició sus operaciones este año y considera una capacidad de 48 MW/ 264 MWh. Señala también cinco sistemas en fase de pruebas, que suponen un aporte de 571 MW de capacidad instalada y 2.378 MWh de energía almacenada.

Los países que siguen a Chile en capacidad -con bastante distancia- son México y Brasil, con 192 y 171,25 MW, respectivamente. 

OLADE destaca el avance en el desarrollo de este tipo de sistemas pero también los desafíos regionales para una mayor implementación, como los vacíos regulatorios que impiden la plena participación de estas tecnologías en el mercado eléctrico, la falta de incentivos económicos que limitan su rentabilidad, y el acceso restringido a financiamiento debido al alto costo de capital y los riesgos asociados.

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