El Senado estadounidense levantó sus sesiones de agosto sin votar la ley que define si Bitcoin es una materia prima o un valor, pero minutos antes de partir presentó la moción que la mantiene con vida: un primer paso procesal quedó fijado para el 15 de septiembre. La probabilidad de que se convierta en ley durante 2026, según los mercados de predicción, ya cayó a menos de una cuarta parte.
El proyecto llamado a poner fin a años de incertidumbre sobre qué organismo regula las criptomonedas en Estados Unidos, la CLARITY Act, llegó al receso de verano del Senado sin el voto final que buscaba, aunque no sin dar un primer paso procesal. Es la iniciativa más relevante para el ecosistema cripto en una década, y su resolución definitiva quedó fijada recién para mediados de septiembre.
El Senado levantó sus sesiones el 8 de agosto último sin someter la ley a votación final, pero horas antes de partir, el líder de la mayoría, John Thune, presentó la moción de cierre de debate sobre la moción para proceder a su tratamiento, según consta en el Congressional Record. Ese trámite no aprueba la ley —solo habilita a discutirla—, y fija el primer paso procesal para el 15 de septiembre, un día después de que el Senado retome sesiones el 14.
La demora no fue solo de agenda apretada. En un comunicado del 6 de agosto recogido por CoinDesk, la propia oficina de Thune reconoció que los demócratas se opusieron a que hubiera voto en agosto: “Los demócratas insisten en que no haya voto de la Clarity. Trabajé con los impulsores de la ley, Lummis fue extraordinaria, y eso va a quedar entre lo primero que hagamos apenas volvamos”, señaló el texto.
El paso procesal de agosto tampoco estaba garantizado hasta último momento: la H.R. 3633 sigue viva durante todo el 119.º Congreso, vigente hasta comienzos de enero de 2027, así que perder la ventana de agosto no la mataba, apenas la corrió. La reintroducción desde cero solo sería necesaria si el Congreso completo terminara sin aprobarla.
El verdadero desafío sigue siendo la aritmética: septiembre llega con la campaña de las elecciones intermedias ya en marcha y una agenda apretada por las discusiones presupuestarias, lo que deja apenas tres semanas de sesión para resolver lo que no se resolvió en un mes completo.
Los mercados de predicción reflejan ese pesimismo: la probabilidad que Polymarket asignaba a que la ley se convirtiera en ley durante 2026 había caído a apenas 13%-15% hacia el 7 de agosto, muy por debajo del pico de más de 80% alcanzado en febrero, y otras estimaciones de mercado la situaban, hacia mediados de mes, en un rango algo más amplio de 16% a 24%.
Los tres nudos que frenaron el voto
La discusión se trabó por tres disputas que resisten el acuerdo. La primera es ética: según su declaración financiera ante la Oficina de Ética Gubernamental, el presidente Donald Trump percibió en 2025 más de 1,200 millones de dólares en ingresos vinculados a criptoactivos, con participaciones en World Liberty Financial y el token TRUMP, lo que los demócratas leen como un conflicto de interés que exigen resolver antes de votar.
La segunda es la supervisión de los protocolos DeFi sin custodia, donde reguladores e industria no hallaron un lenguaje común sobre qué nivel de vigilancia antilavado corresponde a plataformas sin operador central identificable. La tercera es el reparto final de competencias entre la CFTC y la SEC para los activos en zonas grises.
La aritmética es el obstáculo de fondo: los republicanos tienen 53 escaños, pero dos de ellos —Josh Hawley y Rand Paul, que ya se opusieron a la ley de stablecoins GENIUS— se prevén en contra, de modo que la norma necesita al menos nueve demócratas para alcanzar el umbral de 60 votos.
El nudo ético estalló en público el 24 de julio, cuando siete demócratas que habían negociado el texto —Catherine Cortez Masto, Angela Alsobrooks, Cory Booker, Ruben Gallego, John Hickenlooper, Mark Warner y Raphael Warnock— lo declararon insuficiente en una posición conjunta y calificaron de poco serias las salvaguardas ofrecidas. El bloque sostuvo que las cláusulas sobre ética de funcionarios electos, protección al consumidor y conflictos de interés debían reforzarse, aunque prometió seguir negociando de buena fe.
Qué resuelve la ley
La CLARITY Act —formalmente Digital Asset Market Clarity Act, H.R. 3633— nació para cerrar un vacío de más de una década, en el que operar con activos digitales exigía adivinar si la SEC o la CFTC tenía jurisdicción sobre cada token, con la misma criptomoneda tratada como valor por una agencia y como materia prima por la otra. Esa ausencia de árbitro produjo años de litigios, multas retroactivas y una migración sostenida de proyectos hacia Abu Dhabi, Singapur y la Unión Europea, donde las reglas, aunque imperfectas, existían.
La iniciativa llegó al Senado con impulso: pasó la Cámara de Representantes el 17 de julio de 2025 con 294 votos a favor y superó el Comité Bancario 15 a 9 el 14 de mayo de 2026 —con los demócratas Gallego y Alsobrooks cruzando el pasillo—, el respaldo bipartidista más amplio que haya recibido una ley de activos digitales en la historia legislativa estadounidense.
Su núcleo es una prueba de descentralización que determina si un activo digital queda bajo la CFTC —como materia prima— o bajo la SEC —como valor—, según cuán distribuido esté el control de la red que lo emite. En términos concretos, una red donde ningún grupo controla el desarrollo ni la emisión, como Bitcoin, cae del lado de la CFTC, mientras que un token emitido por una empresa con equipo centralizado y promesa de retorno cae del lado de la SEC.
El texto también protege a los desarrolladores de código abierto frente a la responsabilidad personal por el uso que terceros hagan de los protocolos que construyeron, un punto que elimina uno de los mayores desincentivos para levantar infraestructura cripto en territorio estadounidense.
De acuerdo con el comunicado oficial de la senadora Cynthia Lummis publicado el 22 de julio de 2026, el presidente del Comité Bancario, Tim Scott, encuadró así el objetivo: “Se trata de proteger a los estadounidenses de a pie y su dinero ganado con esfuerzo, darles a los emprendedores una oportunidad justa para construir y crear empleos aquí en casa, y fortalecer nuestra seguridad nacional”.
Los dos activos más expuestos
Ethereum y XRP concentran la mayor sensibilidad directa, aunque ambos —junto con Bitcoin— ya fueron clasificados como materias primas digitales en la interpretación conjunta que la SEC y la CFTC emitieron el 17 de marzo de 2026 sobre dieciséis criptoactivos. Lo que la CLARITY Act añadiría es permanencia: convertir esa interpretación reversible en ley federal, que ninguna administración posterior podría deshacer con la sola firma de un funcionario.
El interés legislativo volvió a quedar a la vista el 17 de julio, cuando el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes realizó una audiencia de campo en Federal Hall, en Nueva York, en torno a la arquitectura de la ley.
Para Ethereum, esa permanencia consolidaría su ecosistema de ETF con staking ya operativo; para XRP, cerraría de manera definitiva el capítulo del litigio con la SEC que marcó a Ripple durante años.
Mientras esa conversión en ley no ocurra, el sector seguirá operando sobre la interpretación de marzo, un marco que reparte competencias pero que cualquier administración futura puede revertir sin pasar por el Congreso. La certeza existe, pero es provisional: hoy la industria sabe a qué regulador responde, aunque sin la garantía de que esa respuesta sobreviva al próximo cambio de mando.
Al cierre de esta nota, 18 de agosto, el Senado permanece en receso hasta el 14 de septiembre y no hay señales públicas de que el diferendo ético con los demócratas haya avanzado desde el comunicado del 6 de agosto. La primera certeza real llegará recién con el voto procesal del día siguiente.
Los exchanges, emisores y proyectos que operan desde México hasta Chile, con vínculos hacia los mercados de capital anglosajones, enfrentan la misma falta de reglas estables que frenó al sector en Estados Unidos durante años.
A su vez, una ley que fije con claridad qué es una materia prima y qué es un valor en la jurisdicción más influyente del mundo cripto trazará una referencia que otras regulaciones, incluidas las latinoamericanas todavía en construcción, seguirán de manera casi inevitable.
La pregunta no es si la CLARITY Act es necesaria, punto sobre el que hay consenso amplio, sino si el Congreso puede resolver en tres semanas de sesión lo que no resolvió en un mes entero. El 15 de septiembre, cuando el Senado retome el trámite, se sabrá si esa respuesta empieza a llegar o si la industria, dentro y fuera de Estados Unidos, sigue esperando.
(*) El autor ha participado en el mercado financiero, básicamente en el Mercado de Valores desde 1983. Es graduado en curso Diplomado en DEFI y Cripto en Learning Heroes en España. Tiene 3 años operando en el mercado de criptomonedas tanto spot como stake y pools. Contacto aquí.
Te puede interesar: La mayoría de jóvenes se sienten más preocupados que entusiasmados por la IA, revela encuesta