La operación liderada por el fiscal Héctor Barros expuso cómo la banda transnacional sacaba del país el dinero generado por delitos como la extorsión. Un ejecutivo bancario de origen venezolano jugó un rol clave.
Una operación policial desmanteló este martes una red de blanqueo de capitales vinculada al Tren de Aragua, la banda criminal transnacional originada en las cárceles de Venezuela. El operativo, liderado por el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, resultó en la detención de alrededor de veinte personas, entre ellas un ejecutivo de cuentas de una sucursal del Banco Santander en el centro de Santiago.
La investigación, iniciada en 2024 de manera conjunta con la Policía de Investigaciones (PDI), determinó que la organización habría sacado del país más de 78.000 millones de pesos —cerca de 90 millones de dólares— a través de empresas de criptomonedas. “Es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país”, afirmó Barros.
El ejecutivo bancario y su rol
El detenido trabajaba como ejecutivo de cuentas en el Banco Santander, aunque las autoridades aclararon que el ilícito no se canalizó a través de esa institución. “Él tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos y a partir de ahí empezaba a operar”, explicó el fiscal. Según Barros, el ejecutivo —de nacionalidad venezolana— mantenía cuentas corrientes en al menos cinco instituciones financieras, desde donde movilizaba los recursos hacia dos empresas intermediarias y luego al exterior a través de plataformas de criptomonedas.
El fiscal señaló que no entregaría detalles del imputado antes de la audiencia correspondiente: “No podemos informar los datos antes de la audiencia en particular. Por eso he hablado en términos generales”.
“Las detenciones van a hacer, simplemente, que esos sujetos que caen detenidos sean reemplazados rápidamente. Cuando les quitamos el dinero, es lo que más les duele”, dijo Barros sobre este primer golpe al giro económico del Tren de Aragua.
El Banco Santander emitió un comunicado manifestando su plena colaboración con la investigación y asegurando que mantiene una política de tolerancia cero frente a conductas que se aparten de la ley o de la normativa vigente.
Los cargos y las penas
Los detenidos enfrentan cargos por asociación ilícita, porte ilícito de armas, lavado de activos, extorsión y contrabando. Las penas, precisó Barros, variarán según el grado de participación en cada delito: “La extorsión, el delito parte en cinco años y un día, por lo tanto, igual son penas bastante altas”.
Según los antecedentes manejados por la Fiscalía, parte del dinero tenía origen en extorsiones operadas desde una cárcel en Colombia, donde se encontraría Carlos “El Bobby” Gómez, uno de los líderes del grupo.
Para Barros, el verdadero impacto de esta operación no radica solo en las detenciones, sino en el golpe al patrimonio de la organización. “Las detenciones van a hacer, simplemente, que esos sujetos que caen detenidos sean reemplazados rápidamente. Cuando les quitamos el dinero, es lo que más les duele”, sostuvo el fiscal, quien calificó esta investigación como la primera vez que se ataca al Tren de Aragua directamente en su giro económico.
“No es solo deteniendo y encarcelando a los partícipes, que generalmente son las estructuras más bajas o media, sino que derechamente impidiéndoles que los dineros puedan llegar o seguir la línea de los dineros para que no lleguen finalmente a los líderes de la organización”, añadió.
El Tren de Aragua nació en las cárceles de Venezuela y es considerada la banda más poderosa del país. Desde 2018 se ha expandido por el continente americano siguiendo la ruta migratoria venezolana, y hoy opera en Colombia, Perú y Chile, entre otros países. El año pasado, Estados Unidos la clasificó como organización terrorista, junto a carteles mexicanos y la pandilla salvadoreña MS-13.