La reclasificación del cannabis en Estados Unidos abre nuevas posibilidades para la investigación y la industria, pero también introduce matices en la percepción social del riesgo. A continuación, abordamos el desafío de sostener el equilibrio entre avance científico y prevención.
El cannabis ocupa hoy una posición paradójica en la agenda global de salud pública. Es, al mismo tiempo, la droga ilícita más consumida en el mundo y una sustancia que ha ganado creciente legitimidad en el ámbito médico. De acuerdo al Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 244 millones de personas la utilizan, lo que la convierte en la sustancia fiscalizada de mayor consumo a nivel mundial, con costos sociales y económicos que no son marginales: gastos crecientes en sistemas de salud, impactos en la productividad laboral, accidentes de tránsito y una carga adicional para los sistemas de justicia y seguridad. En economías avanzadas como la australiana, estos costos han sido estimados en alrededor del 0.26 % del PIB.
En paralelo, el uso medicinal del cannabis ha ganado terreno. Más de 50 países permiten actualmente alguna forma de prescripción médica, impulsados por una creciente demanda social y por evidencia parcial sobre posibles beneficios terapéuticos en condiciones específicas.
Es en este escenario complejo —marcado por el aumento del consumo, la diversificación de productos y una narrativa pública cada vez más polarizada—, donde se inscribe el anuncio del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, de instruir al Departamento de Justicia a acelerar la reclasificación de la marihuana dentro de la Controlled Substances Act (CSA), pasando de la Lista I a la Lista III.
La medida fue presentada como un ejercicio de pragmatismo: facilitar la investigación científica y alinear la regulación con el uso real de la sustancia. No obstante, la decisión también tiene implicaciones económicas relevantes, entre ellas beneficios fiscales y regulatorios para una industria en expansión, pero también entraña riesgos como la disminución en la percepción de riesgo.
¿Qué significa pasar de la Lista I a la Lista III?
La Controlled Substances Act clasifica las drogas en distintas categorías —conocidas como schedules— según tres criterios principales: su potencial de abuso, el riesgo para la salud y el valor médico reconocido. Durante más de 50 años, la marihuana ha permanecido en la Lista I, junto con sustancias como la heroína o el LSD. Esta categoría agrupa drogas consideradas altamente peligrosas, sin uso médico aceptado y con alto potencial de abuso como la heroína y el LSD.
La Lista III, en cambio, incluye sustancias que sí tienen un uso médico reconocido y un potencial de dependencia física o psicológica moderado o bajo, como los esteroides, o la codeína. Pasar a esta categoría no implica que la marihuana sea inocua ni que deje de ser una sustancia controlada, pero sí modifica de forma importante el marco regulatorio.
En este sentido, es fundamental subrayar lo que no hace el decreto:
- No legaliza la marihuana a nivel federal.
- No modifica automáticamente las leyes estatales sobre uso recreativo.
- No elimina la regulación ni los controles sobre su producción y comercialización.
- No implica cambios directos en la justicia penal.
Además, el presidente no puede cambiar por sí solo la clasificación de una sustancia. La orden ejecutiva instruye al Departamento de Justicia y a la DEA a completar el proceso conforme a la ley, un trámite que puede tardar meses.
Investigación: una oportunidad postergada
Uno de los argumentos centrales de la Casa Blanca para impulsar la reclasificación del cannabis es que esta medida facilitará la investigación científica, en particular sobre sus posibles usos médicos y sobre compuestos como el cannabidiol (CBD). Para la doctora Nora Volkow, directora del National Institute on Drug Abuse (NIDA), contar con investigación rigurosa es indispensable para definir mejores prácticas de salud pública basadas en evidencia y no en percepciones sociales o presiones políticas.
Hasta ahora, la permanencia de la marihuana en la Lista I ha impuesto barreras extraordinarias a la investigación: procesos de autorización complejos, exigencias estrictas de almacenamiento y seguridad, así como un acceso limitado a productos estandarizados. Estas restricciones han afectado la calidad, comparabilidad y alcance de los estudios, ralentizando ensayos clínicos y desincentivando la participación de universidades y hospitales.
El eventual traslado a la Lista III no elimina por completo estos obstáculos —los investigadores seguirán obligados a obtener cannabis de proveedores autorizados por el gobierno federal—, pero sí reduciría de forma significativa algunas trabas regulatorias.
Desde una perspectiva de salud pública, este punto es fundamental: no pueden construirse políticas responsables sin evidencia sólida. La investigación científica no solo es clave para identificar beneficios reales, sino también para dimensionar con precisión los daños y evitar que el avance del conocimiento se confunda con una minimización del riesgo.
No obstante, la reclasificación de la marihuana no solo tiene implicaciones sanitarias y regulatorias, sino también efectos económicos inmediatos. La industria legal del cannabis en Estados Unidos genera hoy decenas de miles de millones de dólares en ventas anuales. De acuerdo con la firma Whitney Economics, tan solo en 2024 las ventas legales alcanzaron aproximadamente 30.1 mil millones de dólares a nivel nacional. Sin embargo, este crecimiento se ha desarrollado en un entorno fiscal particularmente adverso.
Legalizar o reclasificar no equivale a eliminar los riesgos. Ignorar esta distinción puede debilitar los esfuerzos de salud pública y generar costos sociales.
Mientras el cannabis permanece clasificado en la Lista I, las empresas del sector están sujetas al artículo 280E del código tributario estadounidense, que les impide deducir gastos operativos básicos como salarios, renta o mercadotecnia. Como resultado, muchos negocios han enfrentado cargas fiscales desproporcionadas, con tasas efectivas muy superiores a las de otros sectores, lo que ha limitado su viabilidad y frenado la consolidación del mercado legal.
El eventual paso a la Lista III eliminaría esta restricción y podría liberar millones de dólares para reinversión, generación de empleo y expansión. No obstante, persistirán desafíos estructurales relevantes, como el acceso limitado al sistema bancario, y si bien la reclasificación podría reducir el riesgo percibido por instituciones financieras y procesadores de pagos, no garantiza por sí misma una normalización plena del sector.
El riesgo de disminuir la percepción de daño
Quizá la crítica más relevante a la reclasificación del cannabis proviene del ámbito de la prevención. Como advirtió Kevin Sabet, exasesor de políticas antidrogas en Estados Unidos, el decreto “envía un mensaje muy poderoso, especialmente a los jóvenes, de que la marihuana es menos dañina de lo que se pensaba”. El problema es que la evidencia científica no respalda esa lectura optimista.
En las últimas dos décadas, la disponibilidad del cannabis ha aumentado de manera significativa. Hoy es legal con fines medicinales en la mayoría de los estados y con fines recreativos en casi la mitad de los Estados Unidos. Este proceso ha ido acompañado de una disminución sostenida en la percepción de riesgo y de un incremento en el consumo, una tendencia que no se limita al país vecino, sino que se replica en los países de la región, incluido México.
Por ello, cualquier cambio en la clasificación del cannabis debería ir acompañado de campañas claras y sostenidas de información y prevención, que comuniquen de forma explícita los riesgos asociados a su consumo, incluido el potencial de desarrollar dependencia. Sin este contrapeso, el efecto del mensaje puede ser contraproducente, especialmente entre adolescentes y jóvenes.
Por lo tanto, legalizar o reclasificar no equivale a eliminar los riesgos. Ignorar esta distinción puede debilitar los esfuerzos de salud pública y generar costos sociales.
Desde la salud pública, la reclasificación de la marihuana puede ser una oportunidad para fortalecer la investigación y mejorar la regulación, pero su éxito dependerá de actuar con ética en favor del bienestar integral de la población, separándose de una narrativa comercial o política.
Investigar no implica declarar inocuidad, reconocer usos médicos no elimina riesgos y regular sin una estrategia sólida de información puede generar costos sociales mayores a los beneficios esperados.
La clave no está en frenar la ciencia, sino en evitar que el avance regulatorio se traduzca en retrocesos en prevención y daños mayores a la salud.
Este artículo fue publicado en nuestra edición impresa de Mayo de 2026.
(*) El autor es líder de opinión en adicciones a nivel nacional e internacional. Fue director de Monte Fénix y es fundador del Centro de Estudios Superiores Monte Fénix, Clínicas Claider y AMESAD. Coautor del libro “Adicciones, el creciente desafío”, ha sido reconocido por su trayectoria con diversos premios. Actualmente desarrolla la Fundación Espinosa-Larrea.