En América Latina seguimos cometiendo el mismo error: tratar la migración como una crisis, cuando en realidad es una de las mayores oportunidades económicas del siglo XXI.
La migración se ha consolidado como uno de los fenómenos estructurales más relevantes del siglo XXI. Hasta 2024, más de 120 millones de personas han sido desplazadas forzosamente en el mundo, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, lo que equivale aproximadamente a 1 de cada 67 personas en el planeta. De ellas, cerca de 43,7 millones son refugiados, más de 70 millones desplazados internos y alrededor de 8 millones solicitantes de asilo. La cifra se ha duplicado en la última década, y más de dos tercios de los refugiados provienen de cinco países: Afganistán, Siria, Sudán, Ucrania y Venezuela.
En América Latina, la migración suele abordarse como una crisis social o política. Sin embargo, los datos cuentan una historia distinta: es, en realidad, uno de los motores económicos más dinámicos y menos aprovechados de la región.
La zona alberga más de 15 millones de migrantes internacionales, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, en gran medida impulsados por el éxodo venezolano, que supera los 7.7 millones de personas desplazadas. Este flujo ha redefinido economías enteras.
A diferencia de otras regiones, la mayoría de las personas desplazadas permanece dentro de América Latina y el Caribe, donde varios países han facilitado procesos de documentación e integración. Colombia es un caso emblemático: con más de 2,5 millones de migrantes venezolanos, ha experimentado una expansión de su fuerza laboral y un aumento en el consumo. Lejos de desplazar empleo local, su presencia ha dinamizado sectores como comercio, construcción y servicios. El Banco Mundial estima que este proceso podría traducirse en un aumento del PIB potencial en el mediano plazo.
En Perú, donde residen más de 1,5 millones de venezolanos, el impacto ha sido particularmente visible en ciudades como Lima, con un crecimiento notable en comercio, servicios y emprendimiento. Si bien en el corto plazo se han generado presiones, especialmente en la informalidad, el efecto económico agregado apunta a expansión.
El mecanismo es claro: los migrantes no solo incrementan la oferta laboral, también generan demanda. Consumen, alquilan vivienda, emprenden y cubren vacíos en el mercado de trabajo. El Fondo Monetario Internacional estima que este fenómeno puede elevar el crecimiento económico entre 0.5% y 1% en el mediano plazo.
Chile ofrece otro ejemplo de integración relativamente eficiente, donde la migración ha contribuido a cubrir déficits en sectores clave como construcción, logística y servicios, elevando la productividad. Sin embargo, incluso en este caso persisten barreras estructurales: marcos regulatorios rígidos, dificultades para validar títulos profesionales y limitaciones institucionales que frenan una integración más ágil.
Por otro lado, las remesas se han convertido en un flujo silencioso pero determinante. América Latina recibió aproximadamente 156 mil millones de dólares en remesas entre 2023 y 2024, según el Banco Mundial, superando en muchos casos la inversión extranjera directa y la ayuda internacional. No obstante, su impacto tiene límites: la mayor parte se destina a consumo, alimentación, vivienda o educación, y no a inversión productiva, lo que restringe su efecto en el crecimiento de largo plazo.
México ocupa una posición única en el mapa migratorio global. Por un lado, es una potencia en recepción de remesas, que representan entre 3,5% y 4% del PIB, según datos del gobierno federal, y alcanzaron alrededor de 62 mil millones de dólares anuales en 2025; a febrero de 2026, se reportó un crecimiento anual del 0,4%. Este flujo beneficia a más del 11% de los hogares y constituye una de las fuentes más estables de divisas del país.
Migración en América Latina: el activo económico que la región aún no sabe aprovechar
Por otro lado, México comienza a consolidarse como destino emergente de migrantes y refugiados. Programas de integración laboral, en colaboración con organismos internacionales, han mostrado resultados concretos: inserción en sectores industriales, generación de ingresos fiscales y participación en cadenas productivas formales. Esto abre una oportunidad estratégica: evolucionar de exportador de mano de obra a un hub regional de integración laboral.
Los beneficios de la migración no son inmediatos, pero sí acumulativos. En el corto plazo pueden observarse presiones sobre servicios públicos, aumentos en la informalidad y costos de integración. Sin embargo, en el largo plazo se traducen en mayor participación laboral, incremento en la recaudación fiscal y mejoras en productividad. El Banco Interamericano de Desarrollo ha documentado que la regularización migratoria acelera este proceso.
En Centroamérica, países como El Salvador, Honduras y Guatemala dependen en gran medida de las remesas, que en algunos casos superan la inversión extranjera directa y financian el consumo básico. Estas funcionan como estabilizadores económicos, pero también evidencian una debilidad estructural: el crecimiento depende más del ingreso externo que de la productividad interna.
La conclusión es clara: la migración no es un gasto, es una inversión. Pero su rendimiento depende de la velocidad y calidad de la integración.
América Latina enfrenta una contradicción: exporta trabajadores y depende de remesas, mientras recibe migrantes que podrían dinamizar su economía sin lograr capitalizar plenamente ese potencial. Factores como la informalidad, la baja capacitación y la debilidad institucional limitan su impacto positivo.
La migración no es una crisis que gestionar, sino un activo económico que optimizar. Los países que logren integrar rápidamente a los migrantes al mercado formal, canalizar remesas hacia inversión y fortalecer sus instituciones no solo reducirán tensiones sociales, sino que ganarán una ventaja competitiva en crecimiento, productividad y estabilidad económica en el siglo XXI.